Por Alejandro García Martín y Mario Villamor Nodal

 

Los gobiernos nacionales están tomando medidas para atajar la crisis sanitaria que está provocando la pandemia del coronavirus en cuanto a número de infectados y de fallecimientos en los diferentes países de la Unión Europea y la situación, en palabras del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, supone “una crisis tan dramática y de tal magnitud” no vivida “desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

 

Los medios de comunicación se hacen eco del acuerdo entre el gobierno chino y español para el suministro de material médico o la ayuda que China está prestando a Italia. Sin embargo, la Unión Europea es la gran ausente y olvidada por gran parte de la ciudadanía.

 

Conviene empezar diciendo que, de conformidad a los Tratados de la Unión Europea, esta únicamente puede actuar en los ámbitos donde los Estados miembros le hayan dotado de competencias. La salud pública no es uno de ellos. Así, la Unión Europea únicamente puede establecer medidas de apoyo a las dictadas por las autoridades nacionales. Asimismo, tampoco puede decretar el confinamiento de un país, región o Comunidad Autónoma.

 

De esta forma, vamos a proceder a sintetizar algunas de las principales actuaciones por parte de la UE para atajar esta crisis.

 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, creó el 2 de marzo un equipo de trabajo europeo para abordar el problema del coronavirus. La Comisión está actuando de la mano del Centro Europeo para la Prevención y Control del Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), proporcionando evaluaciones de riesgos y directrices. Para ayudar a los sistemas sanitarios, el ECDC publica a diario novedades epidemiológicas de la situación mundial.

 

El objetivo del Parlamento y la Comisión es ralentizar la expansión del virus. La comisaria para Salud y Seguridad alimentaria, Stella Kyriakides, afirmó que el virus es una emergencia de salud pública rápidamente cambiante. La meta de los países debe ser la contención en la medida de lo posible del virus, para frenar su propagación. Así, el impacto en los sistemas sanitarios, la economía y, sobre todo, la vida de las personas será menor.

 

La Comisión Europea ya presentó una propuesta para acelerar el conocimiento de la respuesta clínica y sanitaria a la epidemia, con un presupuesto de 10 millones de euros, que, seguidamente, se incrementó a 47,5 millones debido a la escala de la epidemia y el potencial de los proyectos presentados. Se han financiado un total de 17 proyectos, los cuales están enfocados a preparar hospitales, formar al personal sanitario, proporcionar los materiales necesarios para tratar y diagnosticar la enfermedad.

 

Sobre todo, se está financiando investigación, para poder encontrar una cura o una vacuna. Por ejemplo, la Comisión ha proporcionado 45 millones de euros a la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI), un programa europeo para mejorar la competitividad de la UE en el campo de la investigación farmacéutica, a través de Horizonte 2020.

 

Una aportación similar se espera de la industria farmacéutica, por lo que el total de la inversión en investigación farmacéutica podría llegar a los 90 millones de euros. La IMI llama a propuestas para desarrollar proyectos que aborden tratamientos y diagnósticos para mejorar la situación, e incrementar la preparación para futuras situaciones similares.

 

Un proyecto muy interesante es “VEO”, que comenzó en enero de 2020. Este propone aprovechar los avances tecnológicos y el big data para solucionar problemas relacionados con enfermedades infecciosas. Actuará como un observatorio interactivo de distribución de información de calidad para proporcionar advertencias a tiempo, evaluación de riesgos y monitorización de enfermedades infecciosas emergentes, llevado a cabo por actores del sector sanitario público e investigadores del ámbito de la iniciativa One Health. Ha recibido una subvención de la UE de 15 millones de euros.

 

La presidenta de la Comisión emitió el 15 de marzo un comunicado en el que expresaba la importancia de proteger al personal sanitario y, para ello, proporcionar equipamiento.

 

 

 

Ante el escenario de esta pandemia que afecta a todo el mundo, la Comisión va a trabajar sobre tres frentes:

  • El primero consiste en aumentar la producción, por la creciente demanda de productos sanitarios.
  • El segundo, en mantener en la Unión el equipo que necesitan los Estados miembros. Por eso, se ha adoptado un esquema de autorización de exportaciones para equipos de protección, lo que significa que se va a someter a autorización expresa de los gobiernos de la UE toda exportación de materiales sanitarios a países no miembros.
  • En tercer lugar, asegura que es fundamental compartir los productos sanitarios entre los países de la Unión, y critica la decisión de algunos Estados de prohibir la venta de equipos de protección a otros Estados miembros, pues “es primordial ayudarse los unos a los otros”, según Ursula von der Leyen.

 

Por ello, se propone aumentar la producción de productos y garantizar su libre circulación por la Unión, para poder proteger a todo el personal sanitario y todos los pacientes en su conjunto. Lo que se pretende lograr es detener la propagación del virus.

 

Es necesario garantizar la libre circulación de mercancías y mantener el funcionamiento del mercado interno para asegurar el abastecimiento, al igual que coordinar las medidas nacionales, en especial entre los Estados que comparten fronteras.

 

De esta forma, se considera prioritaria la movilidad para el transporte de mercancías esenciales, productos sanitarios, farmacéuticos y, en especial, de alimentos.

 

La medida más llamativa en lo relativo a movilidad, ha sido la decisión del ejecutivo de la Unión Europea de cerrar las fronteras del territorio europeo durante un mes. Esta se erige como una «restricción temporal a los viajes que no sean esenciales a la UE», en palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, después de debatir la propuesta con los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

 

Las restricciones están a la espera de la aprobación de los líderes del gobierno de la UE y pueden llegar a prolongarse hasta que sea necesario, según se vaya desarrollando la crisis. Están previstas varias exenciones a la restricción, para personal sanitario, personas que atraviesan las fronteras para trabajar, diplomáticos, etc.

 

En el plano económico, la Comisión ha establecido equipos para monitorizar cómo se desarrolla la situación de la producción y fabricación, comercio y turismo y de los mercados globales, afectados por el COVID-19.

 

La Comisión ha admitido que Europa ha entrado en el terreno de una inevitable recesión, con un producto interior bruto que podría llegar a bajar en torno a un punto, como afirmó este lunes el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.

 

Mientras que con anterioridad a la crisis del coronavirus se había previsto un crecimiento del 1,4% del PIB de la Unión para el ejercicio de 2020, ahora se piensa que la crisis restará entre 2 y 2,5 puntos.

 

Ya se ha establecido un plan de inversión como respuesta a la pandemia, que se dirigirá a los sistemas sanitarios, PYMEs, mercado laboral y otros sectores vulnerables de nuestras economías.

 

Con el fin de dirigir hasta 37.000 millones de euros de fondos públicos europeos para lidiar con las consecuencias del virus, la Comisión propondrá renunciar este año a su obligación de solicitar el reembolso de la prefinanciación no gastada correspondiente a los fondos estructurales y de inversión europeos que actualmente obran en poder de los Estados miembros.

 

La Comisión Europea, hasta ahora únicamente se ha limitado a dar carta blanca a los Estados para que puedan paliar el impacto con la cantidad de dinero público que consideren necesario, y a garantizar indulgencia a las empresas y sectores más vulnerables.

 

Habrá que esperar a ver qué medidas complementarias decide adoptar el Banco Central Europeo para salvaguardar la hegemonía económica que detenta la Unión Europea a Nivel Mundial.

 

 

 

 

 

Por Mario Villamor Nodal

Toda la información oficial se encuentra recogida en: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es

¿En qué situación quedan el Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad?

La Comisión Europea, como responsable última de estos programas, se ha alineado con las autoridades de los Estados miembros en las medidas preventivas adoptadas. Sin embargo, ha permitido que los estudiantes y voluntarios bajo los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad puedan regresar a sus hogares, invocando la cláusula de fuerza mayor.

La cláusula de fuerza mayor se prevé en el artículo II.1 del Anexo I del Convenio de subvención entre las Agencias Nacionales y las entidades beneficiarias, y se define como: Cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno al control de las Partes que impida a cualquiera de ellas cumplir alguna de sus obligaciones derivadas del convenio, que no se deba a error o negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades del mismo grupo o terceros que reciban apoyo financiero y que resulte inevitable a pesar de ejercer la debida diligencia. No podrán alegarse como casos de fuerza mayor: los conflictos laborales, las huelgas, los problemas financieros o la falta de un servicio, los defectos o la indisponibilidad de equipo o material, que no sean consecuencia directa de una situación real de fuerza mayor.

En cuanto a las organizaciones responsables de estos proyectos, se les ha permitido adoptar gastos adicionales y posponer actividades. Todos estos gastos habrán de documentarse en la presentación del informe final. Este informe habrá de presentarse en dos meses desde la finalización del proyecto, siguiendo la fecha establecida en la solicitud aprobada. Cabe señalar que la Comisión Europea está otorgando una gran flexibilidad en cuanto a gastos adicionales para cubrir los traslados de los participantes en estos proyectos se refiere.

Además, dadas las dificultades de algunas entidades solicitantes, se ha procedido a ampliar los plazos de ciertas acciones y proyectos de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En cuanto a este último, la nueva fecha es el 7 de mayo.

Los futuros participantes de estos programas serán los encargados, de acuerdo con las organizaciones participantes, de decidir qué ocurre con sus movilidades y proyectos: si son aplazados o cancelados. Por el momento, desde el seno de la Unión Europea se recomienda no realizar viajes que no tengan el carácter de esenciales.

Los proyectos iniciados, por lo general, no deben sufrir cancelaciones, dado que la financiación por parte de la UE ya ha sido otorgada a la entidad de acogida. Asimismo, el dinero de bolsillo o la cantidad que los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad perciben para su manutención no peligra, por la misma razón que acaba de ser expuesta.

 

¿Es el cierre de fronteras una medida eficaz o ha llegado tarde?

La decisión histórica del cierre de fronteras a extracomunitarios abarcará un mes. Se circunscribe a aquellas personas con síntomas o expuestas a la infección que se consideren una amenaza para la salud pública. Asimismo, se puede aplicar medidas de aislamiento o cuarentena si se consideran más efectivas.

Se autoriza que los Estados miembros puedan reintroducir controles fronterizos internos por razones de política pública (como ha hecho España), si bien la Comisión Europea ha remarcado que han de evitarse las aglomeraciones que puedan aumentar la propagación del virus.

Desde Europe Direct Ciudad Real creemos que esta medida habría de haberse instado en primer lugar. Sin embargo, se ha adoptado tras ver que varios países ya habían tomado decisiones unilaterales en cuanto al control de fronteras, como por ejemplo Hungría.

En este sentido, también queremos subrayar que desde el inicio de la crisis derivada por el coronavirus, la UE ha repatriado a más de 1 400 ciudadanos europeos a través del Mecanismo de Protección Civil. Estos ciudadanos se quedaron atrapados en los diferentes países tras las restricciones de viaje que impusieron las distintas autoridades.

A través del Centro Europeo de Respuesta Coordinada, con apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros, ayuda a identificar cuando no hay opciones comerciales ni nacionales y proporciona información sobre situaciones complejas que podrían llevar a activar el citado Mecanismo de Protección Civil.

 

¿Se deberían haber adoptado medidas conjuntas desde el inicio por parte de la Unión Europea?

Desde Europe Direct Ciudad Real creemos que la UE se podría haber coordinado mejor desde un inicio, pero las críticas que está habiendo hacia su gestión son inciertas e innecesarias, dado que para ello debería contar con ciertas herramientas que los Estados miembros no le han querido dar. En materia de salud pública toda la responsabilidad es de los Estados miembros. La UE solo tiene competencias de ayuda y cooperación.

Por ejemplo, en cuanto a la desinformación, es cierto que China está contribuyendo enviando material y expertos, pero ya hizo la UE previamente lo mismo con este país, antes de que la epidemia se extendiese por territorio europeo. No todo el material que recibe Italia procedente de China es gratuito.  

Tan solo dos días después de que la crisis estallase y ardiesen las redes sociales la UE, la Comisión liberó fondos por valor de 7.500 millones de € y posteriormente liberó otros 25 mil millones.

Asimismo, la UE permite una relajación del déficit presupuestario a los estados miembros, ayudas estatales y ha destinado 140 millones de Euros a investigación para el desarrollo de una vacuna.

 

¿Cómo va a afectar a la juventud de la Unión Europea?

Las consecuencias ahora son imprevisibles. Pero, de cualquier modo, afectarán en el plano económico, dado que todos los expertos coinciden en apuntar que se avecina una recisión económica que también impactará de manera clara en la creación de empleo.

Además, ahora se ha instaurado un miedo hacia la movilidad que quizás tome tiempo superar, mucho más allá de las crisis que han vaticinado las aerolíneas.

Hoy, por ejemplo, hemos conocido el ERTE que va a realizar Ryanair a sus 15 000 empleados en España. La crisis ha afectado de forma mundial y adoptar medidas por parte de los gobiernos nacionales y europeos, como por ejemplo el Banco Central Europeo se hacen cada día más necesarias para paliar los efectos de la pandemia.

Como aspecto positivo, podemos subrayar que ahora se potenciará el teletrabajo, con la consecuente mejora de la conciliación familiar y laboral, así como la apuesta firme y decidida que se hará para potenciar la educación a distancia a nivel nacional y europeo.

 

¿Cómo se podría paliar la situación?

Entre algunas de las medidas que han señalado los expertos, recogemos las siguientes:

  • Recurrir al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), que se emplea para situaciones de crisis inesperadas. Es una situación sin precedentes en la UE, como ya han señalado la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo.
  • Fondo de rescate con la concesión de préstamos financieros a los distintos países, que pueden ser sin interés conforme al art. 122 del Tratado de Lisboa
  • Movilizar los presupuestos de la UE: Fondo de Solidaridad, fondos de contingencia o instrumento de flexibilidad
  • Ya se van a inyectar préstamos por 8.000 millones de euros para dar liquidez a más de 100.000 pymes
  • Mayor cooperación entre los países de la UE
  • Reducir las contribuciones a la seguridad social
  • Concesión de ayudas estatales a empresas y sectores en riesgo de quiebra técnica
  • En especial, ayudas a pymes, autónomos y personas que más vayan a sufrir la crisis (especialmente, de carácter económico y social)

Descubre aquí la última edición de nuestro programa Espacio Europa de 2019

https://www.facebook.com/europe.directcr/videos/778642332547814/

 

El mes de enero estará fuertemente marcado por el Brexit. Tras la aplastante victoria del conservador Johnson el Brexit parece ya una realidad.

Pero, ¿qué es el Brexit?

Gracias a nuestra colaboradora Miriam Naharro Rozas y al equipo de Imagen y Sonido del Ayuntamiento de CR por la edición del vídeo

 

Rendimos homenaje a todo el personal que trabaja en los hospitales y centros de salud y lucha sin descanso contra el #COVID19
 
Asimismo:
Renovación del certificado sustitutorio de la Tarjeta Sanitaria Europea para europe@s que no hayan podido regresar: http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/consejerias/archivoscomunes/RENOVACIN-DEL-CERTIFICADO-PROVISIONAL-SUSTITUTORIO.pdf?fbclid=IwAR3M59TjVILXsBJCQ7JO2_sTHS9lhaMWdBWHiTonm_KLcWE5YOecqK8dTJA
 
Cambio y dudas billetes de DiscoverEU de la anterior convocatoria: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
 

Por Teresa Pareja Sánchez

Introducción

En junio de 2018 el Parlamento húngaro promulgaba una de las leyes más criticadas de todos los tiempos, entre otras cuestiones porque supone una clara vulneración de los derechos humanos y de los principios rectores de la Unión Europea.

Esta ley prohíbe a los indigentes dormir en las calles, concibiendo la falta de casa como un crimen, de tal forma que en la práctica, la ley, que endurece una normativa previa (del año 2012), habilita a la policía a detener a los indigentes y confiscar y destruir sus pertenencias.

Además, la ley reprende con multas, penas de trabajos sociales e incluso cárcel, a aquellos indigentes que se nieguen a cumplir con la prohibición de dormir en la calle.

La ley, que se deriva de una reforma constitucional que ya establece como delito dormir en la calle, ha sido aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido del primer ministro Viktor Orban (el partido Fidesz- Unión Cívica Húngara).

Son tal el revuelo y polémica generados, que el debate jurídico han superado las barreras nacionales. Así por ejemplo:

  • La BBC hizo eco de la supuesta voluntad del gobierno húngaro liderado por Viktor Orbán, quien asegura que la ley está diseñada para ayudar a las personas sin hogar y que hay suficientes plazas en los albergues para poder acogerlos todos.

A esta acusación responde el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán, afirmando que la ley trata de proporcionar condiciones de vida adecuadas para las personas sin hogar, ello a través de la reserva de dinero para ayudarlos, concretamente 9.000 millones de florines (27,9 millones de euros) en el presupuesto de 2018 y un millón adicional para ampliar las capacidades de alojamiento.

«La gente quiere ver la ciudad limpia», explica el doctor Tibor Ivanyi, que dirige el pequeño hospital privado para personas sin hogar de Oltalom, «de alguna forma piensan que cuando los sin techo no estén ya en las calles, todo habrá vuelto a estar en orden».

  • Por su parte, asociaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y distintas ONG aseguran que la ley lo único que hace es tipificar como delito el estar sintecho, y ello en un país donde las temperaturas mínimas en invierno pueden llegar a 15º bajo cero.

Igualmente, fue publicado un reportaje, «Sombras de Budapest», con guión de Esther Vázquez, eminentemente crítico con la normativa húngara, que plantea la ley como un retroceso en las libertades individuales.

  • Al mismo tiempo, Naciones Unidas declaraba que el número de personas sin hogar en Budapest supera las 50.000 personas.

Además, desde su aprobación, la legislación fue denunciada por varios jueces húngaros ante el Tribunal Constitucional del país, por considerar que incrementa la exclusión social y contraviene la Carta Magna.

No obstante, el Alto Tribunal dictaminó  que «la prohibición de vivir en las calles no es anticonstitucional», aunque consideró que «al aplicar las sanciones, el Estado debe proceder con precaución».

El Tribunal Constitucional magiar argumenta en este sentido que no existe «el derecho a la pobreza». «Nadie tiene derecho a la pobreza ni a estar sin hogar; esta condición no es parte del derecho a la dignidad humana».

Para el Comité Helsinki, esta decisión es «inaceptable», ya que «las personas sin hogar están siendo expulsadas de la sociedad».

 

  1. Fenómeno del sinhogarismo en la Unión Europea y análisis teórico- jurídico

 

«Los datos son claros: existe una Europa incomprendida y desatendida: la de las personas sin hogar», afirma la FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar).

 

Laia Ortiz, teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Foro Social de la Red Eurocities, afirmó que «es preciso que las instituciones europeas reconozcan la necesidad de cambio de prioridades para hacer frente al sinhogarismo», realidad que, por otra parte, es compartida por numerosos países en la Unión, tales y como Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Austria o Bélgica.

 

 

Perspectiva jurídica. Necesidad de políticas europeas comunes:

 

Las personas sin techo ponen en evidencia una de las realidades más crudas de exclusión residencial. Su situación supone, sin embargo, tan solo la punta del iceberg en la vulneración del derecho a una vivienda digna.

 

Como premisa, en virtud de las instituciones europeas, la eficacia de las estrategias comunes frente al sinhogarismo queda supeditada fundamentalmente a la fase de  prevención, de la prestación de servicios de calidad para las personas sin hogar, de las posibilidades de acceso a la vivienda, la recopilación de datos, y el uso de definiciones comunes del fenómeno.

 

En este sentido, se crea la Tipología Europea del Sinhogarismo (ETHOS; en inglés), que señala 13 posibles perfiles de personas sin hogar, clasificados en cuatro grupos generales: sin techo, sin vivienda, con vivienda insegura y con vivienda inadecuada.

 

Con la finalidad de cubrir la necesidad de las políticas europeas comunes, la UE participa en las medidas adoptadas por los Estados en este ámbito gracias a la financiación del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo para la Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD, de conformidad con sus siglas en inglés).

 

Por otra parte, el medio de coordinación de las políticas de la Unión y los Estados es el conocido como MAC Social: Método abierto de Coordinación para la protección social y la inclusión social, encargado de promover los objetivos comunes, y del análisis de las políticas nacionales, con una meta de aprendizaje mutuo.

 

En esta misma dirección, el Pilar Europeo de los Derechos sociales, de reciente creación, y que estableció 20 principios clave para una mayor cobertura de los derechos sociales de los ciudadanos europeos, centró el número 19 en el derecho a la vivienda y la asistencia de las personas sin hogar.

 

Tendencias  de las políticas actuales:

Individualización, autodeterminación y control

 

En primer lugar, la personalización o individualización supone el reconocimiento de las personas beneficiarias de los servicios sociales como individuos con fortalezas, preferencias personales y capacidades, dando lugar a enfoques personalizados basados en la idea de que son los propios individuos los que identifican sus necesidades y deciden acerca del apoyo que desean recibir.

En todo caso, y para la toma de decisiones lo informadas, es preciso que estas personas tengan acceso al asesoramiento e información necesarios.

 

Desde esa perspectiva, en los últimos años se han venido desarrollado en la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad modelos de individualización que tienen como elemento común la búsqueda de una mayor individualización e integralidad de la atención, una mayor capacidad de elección, el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y, en suma, el control de sus propias vidas. El movimiento de ‘vida independiente’, desarrollado especialmente en el ámbito de la discapacidad, es un buen exponente de esta filosofía.

 

 

Reducción de daños y baja exigencia

 

Otra de las más importantes tendencias en las políticas sociales de los últimos años es el incremento del número de los programas de reducción de daños y riesgos, y el consiguiente desarrollo de programas denominados de baja exigencia o de bajo umbral.

 

Estrechamente vinculado con el concepto de reducción de daños, el de «baja exigencia» surge a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y ante la necesidad de evitar la exclusión de personas dentro de los propios procesos de inclusión (personas que inician el proceso de inclusión, no se adecúan a su perfil, y fracasan en el intento).

 

De esta manera, y frente a procesos tradicionales basados en el cumplimiento estricto de normas – que hacían referencia al cumplimiento de horarios, abstinencia en los consumos, comportamiento adecuado… y en la cobertura de etapas en plazos determinados, se abren las posibilidades de trabajar con aquellas personas con dificultades graves de adaptación a los programas de alta exigencia, garantizando que estas personas reciben una atención mínima que evite el deterioro de su situación.

 

Frente a ello, se ha propuesto adoptar un programa que apueste por el concepto de inclusión frente al de normalización.

 

 

  1. Otras alternativas: las solución de Finlandia

 

Tal y como refleja el informe de la FEANTSA de 2018, las personas sin hogar «han aumentado continuadamente en todos los países de la Unión Europea» y solo un Estado miembro ha visto reducido el número de personas sin hogar en el periodo comprendido entre 2013 y 2016): Finlandia (un 10 %).

 

   La solución de Finlandia ante este fenómeno se inició hace más de una década: el programa “la vivienda primero”, por el cual:

 

  • Se invierte el tradicional modelo de escalera, por el cual cada persona debería pasar por distintos escalones de vivienda provisional, mejorando paulatinamente su vida.

 

De acuerdo con este nuevo modelo, se otorgan viviendas condiciones, de tal modo que el domicilio se convierte en un fundamento seguro para facilitar a la persona que previamente no disponía de hogar la resolución de problemas.

 

Así, y con apoyo estatal, municipal y de organizaciones no gubernamentales, se construyeron nuevos edificios residenciales y se reconvirtieron los antiguos albergues en viviendas cómodas permanentes.

 

Además, el programa no se limita al reparto de viviendas: los servicios proporcionados incluyen ayuda en trámites burocráticos, educación y empleo, así como en el aprendizaje de habilidades básicas, como la limpieza y la preparación de comida.

 

Por último, desde el punto de vista del coste del modelo, Finlandia ha gastado 250 millones de euros (280 millones de dólares). Pero los gastos han ayudado a ahorrar: el ahorro asciende a los 15.000 euros (17.000 dólares) al año por persona en la asistencia médica de emergencia, servicios sociales y el sistema judicial.

 

  1. La aporofobia desde una perspectiva internacional

 

Elegida como palabra del año el pasado 2017, alude a la aversión o rechazo a los pobres, y se encuadra dentro de los delitos de odio; siendo además contrario a principios consagrados por la DUDH, que ya en su segundo artículo incluye la interdicción a la discriminación, entre otras cuestiones, por la posición económica de aquel que ha visto vulnerado sus derechos.

 

En este mismo sentido, el artículo 9 de la Carta prohíbe las detenciones y condenas arbitrarias, y, por otro lado, tanto en su preámbulo como en el artículo 28 de la misma, se señala el derecho a la plena eficacia de los derechos proclamados en la Carta (entre ellos, el de la prohibición de la discriminación por cuestión de la posición económica), derechos que asimismo (y de conformidad con el artículo 30 de la DUDH), son vinculantes tanto para los particulares, como grupos y Estados[1].

 

En coherencia con la Declaración, y frente a la contradicción de la misma por la ley húngara, nuestro artículo 14 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón, entre otras cuestiones, de las circunstancias personales o sociales de la persona.

 

Asimismo, y en el plano europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prevé como circunstancia discriminatoria la distinción de tratamiento por razón de la posición económica (discriminación con origen en causas patrimoniales).

 

Igualmente, el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, señala en su artículo 14 que  los derechos y libertades reconocidos en el texto legal no puede ser objeto de distinciones por razones, entre otras, de fortuna, haciendo así alusión más directa al concepto de aporofobia.

 

En definitiva, y a modo de conclusión, cabe subrayar que, a pesar de todos los avances a nivel internacional en esta materia, a través de textos legislativos de indudable valor en la lucha frente a conductas y actitudes discriminatorias por razón de las condiciones económicas, queda aún un largo camino por recorrer.

 

Algunos de los posibles avances en este ámbito podrían ser: la positivización de la situación económica como circunstancia discriminatoria, que debería ser reconocida expresamente como tal en todos los textos normativos; o una mayor gravedad de las consecuencias de la vulneración del principio de no discriminación por razón de fortuna.

 

Fuentes:

Enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, enlace 5, enlace 6, enlace 7 , enlace 8

 

[1] De forma coherente con la Carta, nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia 80/92, del 20 de diciembre, señaló la innecesariedad de un desarrollo normativo que señale la vinculatoriedad de las Administraciones Públicas al principio de igualdad, que quedan indudablemente sujetas al mismo.

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