Por Mario Villamor Nodal

El pasado 19 de octubre se celebró un webinar que sirvió para presentar el plan de acción para la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, más allá de la necesaria actualización que debe operar con la crisis de la COVID-19 y su devastador impacto en la sociedad española.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales es la estrategia social de la UE para asegurar que las transiciones a la neutralidad climática, la digitalización y el cambio demográfico, más allá de la recuperación de la pandemia de la COVID-19, sean socialmente justas y equitativas. Se compone de 20 principios clave[1].

Atendiendo a los niveles de desempleo juvenil que, durante el mes de agosto de 2020, alcanzaron más del 45% en nuestro país, consideramos vital analizar los principios primero y quinto.

 

  • PRINCIPIO 1. Educación, formación y aprendizaje permanente
  • PRINCIPIO 5. Empleo seguro y adaptable

La digitalización ha llegado para quedarse y más en la sociedad de la incertidumbre, donde media Europa vuelve a adoptar medidas drásticas como toques de queda, cierres de bares y restaurantes para detener la propagación del coronavirus.

Si bien los países parecen resistirse al cierre de escuelas generalizado, tal y como se vivió en marzo de este año, nada parece descartable en función de la situación sanitaria. El auge de la digitalización, por tanto, es imparable, y es imprescindible alinear la educación con los empleos con formación digital más demandados, entre los que encontramos:

  • Especialista en cloud
  • Desarrollador de IOS y Android
  • Experto/a en ciberseguridad
  • Especialista en 5G
  • Director de ecommerce
  • Experto/a en big data
  • Especialista en user experience y desarrollo de interfaces

Asimismo, la oferta formativa en cuanto a ciclos ha de actualizarse en consonancia.

Por otra parte, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) es un índice compuesto que resume cinco indicadores del rendimiento digital de Europa y que permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión Europea en la competitividad digital. Estos cinco indicadores son conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales[2]. Un buen resultado en el DESI implica una economía fuerte, una sociedad con fuerte independencia personal que nos genera el empleo y unos servicios públicos esenciales fuertes, al existir una recaudación potente.

La digitalización aportó 7500 millones de euros a la economía española entre 2013 y 2018 (LA VANGUARDIA, 2019[3]), un volumen comparable a la economía de La Rioja.

A pesar de la enorme importancia económico, el informe DESI subraya que nuestro país ocupa el puesto 11º entre los 28 Estados miembros de la UE en cuanto a digitalización (el informe sigue contando a Reino Unido como parte de la UE) y alerta: «casi la mitad de la población española carece todavía de competencias digitales básicas y un 8 % nunca ha utilizado internet […] y las PYMEs españolas siguen sin aprovechar todo el potencial del comercio electrónico».

Por ello, existe una correlación entre un mejor sueldo y el poseer habilidades digitales. Los salarios que se ofrecen en el sector tecnológico español están por encima de la media. Frente a los 23.331 euros del salario medio español, la media del sector es 29.082 euros al año, según CEINSA.

Combinar en el ámbito educativo los conocimientos digitales, la creatividad, las Green skills, las habilidades personales y la inteligencia personal será una de las apuestas de la Comisión Europea, a fin de evitar la automatización de los procesos y de las personas. Actualmente se requieren habilidades diferentes a las de hace 30 años.

Sin embargo, queda mucho que mejorar en el ámbito de la infrarrepresentación de la mujer en el ámbito tecnológico. Desde INFOJOBS (2019)[4] apuntan que el porcentaje femenino en el sector es de tan solo un 30% y, en roles técnicos, baja hasta el 10%.  

 

Otro de los problemas que acucia nuestro país es la alta precariedad laboral. De hecho, tres de cada cuatro jóvenes menores de 26 años no llegan al salario mínimo anual por el paro, la temporalidad, la parcialidad y los denominados «contratos basura» (EL CONFIDENCIAL, 2019)[5].

La crisis del coronavirus, además, ha instalado el pesimismo en un país dependiente de la hostelería y del turismo y afecta más a aquellos trabajadores y trabajadoras de baja cualificación. La «marca España» agoniza, en un país donde impera la desprotección entre los autónomos y donde la juventud se conoce como la generación de las dos crisis: la de 2008 y la de la pandemia. España ha pasado a convertirse en el país de Europa donde la juventud se emancipa más tarde de toda Europa. Se calcula que 32 años es la edad media – 29,3 años según EUROSTAT[6].   

 

La dualidad del mercado laboral español y el excesivo número de contratos atípicos existente, la subcontratación y el abusivo uso que se hace del contrato de obra y servicio o el temporal por circunstancias de la producción hacen que se genere incluso más inestabilidad en la juventud y en los trabajadores/as de más de 45 años. Atender a las necesidades emocionales, vitales y de formación de cada trabajador/a es imprescindible para atajar el problema existente.

En la ponencia se hizo alusión a la necesidad de aumentar el gasto en políticas activas de empleo para desempleados y fomentar que el servicio público de empleo desempeñe un papel más intermediario en las ofertas de empleo del mercado de trabajo.

Tal y como apunta el diario EL MUNDO (2019)[7], a  los cuatro años después de graduarse, el 40% trabaja en puestos infracualificados, según un informe que cruza datos del Ministerio de Ciencia con las afiliaciones a la Seguridad Social.

Desde la Unión Europea nos proponen expresar nuestra opinión sobre el refuerzo de la Europa social y contribuir al desarrollo del futuro de Europa a través de una consulta pública a la cual podemos acceder a través del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2

Tienes hasta el 30 de noviembre.

¡Os animamos a participar!

 

[1] COMISIÓN EUROPEA (2020). El pilar europeo de derechos sociales en veinte principios, Comisión Europea. Recuperado:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es

[2] PORTAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (2020). Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), Gobierno de España. Recuperado de: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html

[3] LA VANGUARDIA (2019). La digitalización aportó 7.500 millones anuales a la economía española entre 2013 y 2018, según DigitalES, La Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20190704/463285938510/la-digitalizacion-aporto-7500-millones-anuales-a-la-economia-espanola-entre-2013-y-2018-segun-digitales.html

[4] INFOJOBS (2019). ‘En tecnología sólo un 30% de los profesionales son mujeres’, INFOJOBS. Recuperado de: https://orientacion-laboral.infojobs.net/mujeres-sector-tecnologico

[5] EL CONFIDENCIAL (2019). Tres de cada cuatro jóvenes menores de 26 años no llegan al salario mínimo anual, El Confidencial. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/economia/2019-11-21/jovenes-precariedad-laboral-salario-minimo-smi_2345662/

[6] HUFFINGTON POST (2020). La edad de emancipación sube a 32 años en España por el aumento de precios, según un estudio, Huffington Post. Recuperado de: https://www.huffingtonpost.es/entry/la-edad-de-emancipacion-sube-a-32-anos-en-espana-por-el-aumento-de-precios-segun-un-estudio_es_5e1c9049c5b6640ec3d85478

[7] EL MUNDO (2019). La mitad de los graduados universitarios que trabajan tiene un empleo por debajo de su cualificación, El Mundo. Recuperado de: https://www.elmundo.es/espana/2019/07/05/5d1e6040fdddff9db08b465a.html

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