Por Tommaso Fiorio, estudiante en prácticas Erasmus+ en Europe Direct Ciudad Real

El 20 diciembre 2023, tras tres años de negociaciones, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo Pacto de Migración y Asilo que contiene cinco puntos clave: 1) un nuevo Reglamento sobre la gestión de asilo y inmigracion, 2) nuevas normas que regulan las situaciones de migración y de fuerza mayor, 3) la actualización de la base de datos de huellas dactilares (EuroDAC), 4) un nuevo Reglamento sobre el Control y 5) el Procedimiento de Asilo.

El 10 abril, el Pacto fue votado por el Parlamento Europeo, que aprobó 10 textos legislativos que buscan actualizar los criterios con los que se asigna a un Estado miembro la responsabilidad de hacerse cargo de la solicitud de protección internacional, aumentar la solidaridad hacia los países que están en primera línea en la recepción de migrantes y dotar a la Unión Europea de medidas eficaces para hacer frente al fenómeno migratorio.

Además, el 8 febrero 2024, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper II) aprobó los tres actos legislativos ya acordados en 2022 por el Consejo y el Parlamento Europeo, es decir: 1) la revisión de la Directiva sobre las condiciones de la acogida, 2) la actualización de las normas de cualificación y 3) el Reglamento que establece un marco de la UE para el reasentamiento.

Aunque los 10 Reglamentos fueron aprobados, las votaciones mostraron una fuerte división entre los partidos, sobre todo los que comparten la visión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El nuevo Acuerdo fue acogido con éxito por muchos exponentes del Partido Popular Europeo, incluyendo a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la cual escribió en X: “Hemos hecho historia. Hemos creado un sólido marco legislativo sobre cómo abordar la migración y el asilo en la UE. Han sido más de diez años de trabajo. Pero hemos cumplido nuestra palabra. Equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Así es Europa”. 

Las críticas más duras, sin embargo, vinieron de muchos miembros de la mayoría que respalda tradicionalmente a la actual Comisión. La delegación del Partido Demócrata Italiano, que forma parte de los Socialistas y Demócratas Europeos, votó en contra, puesto que, según ellos "perjudica a los solicitantes de asilo y también a Italia y a otros países de primera llegada. No supera el injusto criterio del país de primera entrada que ha llevado a miles de migrantes a quedarse varados en Italia, a pesar de tener familiares en otros países europeos. Hay que introducir el principio de que quien entra en Italia entra en Europa. No es verdadera solidaridad decir que se puede pagar 20.000 euros por persona para no acoger, porque los tratados europeos ya prevén la responsabilidad compartida de la acogida", declaró la secretaria nacional, Elly Schlein.

También están llegando duras críticas de muchas ONG de derechos humanos, entre las que destaca Amnistía Internacional. La acusación es que este nuevo acuerdo no va en realidad más allá del acuerdo de Dublín, que deja la responsabilidad de la acogida a cada Estado miembro, lo que socava drásticamente los derechos de los refugiados, para quienes será aún más difícil obtener protección internacional. En particular, Amnistía denuncia la tendencia tan perpetuada en los últimos años por muchos Estados miembros de pagar a países no pertenecientes a la UE para que detengan a migrantes fuera de sus fronteras. Por último, denuncia la absoluta incapacidad de los Estados miembros y de las instituciones de la UE para establecer un verdadero sistema de acogida e integración, que no se limite al reconocimiento de la protección internacional para quienes tienen derecho a ella, sino que permita a quienes buscan un futuro mejor en Europa poder integrarse de acuerdo con sus derechos y respetando la ley.